Incluye apendice normativo

La institución del Defensor del Pueblo es una creación de la Constitución española, inscrita en la tradición del Ombudsman, del norte de Europa, pero confiriéndole unas características propias de acuerdo con las necesidades de las democracias avanzadas. Entonces ya no se trataba de un organismo sectorial (en defensa de los derechos de los niños, de los soldados, etc.), dependiendo de la jefatura del Estado
o del poder ejecutivo, según el modelo originariamente sueco,
sino de una institución de defensa global de todos los derechos que depende del Parlamento.

Esta fue la paradoja, que los países de la Europa occidental que más tarde vivieron sus transiciones a la democracia –junto a España, Portugal y Grecia– fueron los primeros en adoptar este instrumento de garantía de los derechos y las libertades de los ciudadanos. El eco fue tan grande que el modelo fue adoptado en la mayoría de los países iberoamericanos, en sus respectivas transiciones a la democracia, desde los años ochenta del siglo pasado, y posteriormente ocurrió lo mismo con los países europeos del este, en sus transiciones a la democracia desde regímenes comunistas. Y hoy esta institución también existe en algunos países de África y Asia.

Este libro explica toda esta trayectoria, española e internacional, sus antecedentes, los distintos tipos de institución que existen en el mundo y las relaciones entre ellas. Analiza igualmente las características de la institución española y su desarrollo a lo largo de casi treinta y cinco años de existencia. Se examinan los contenidos de la ley que la rige y su aplicación, además de los nuevos contenidos que ha visto
añadidos a los iniciales, como el hecho de ser Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura –para lo cual da cuenta no solo ante las Cortes, sino también ante Naciones Unidas–, o su papel en lograr la transparencia de las acciones de los organismos públicos, el acceso a la información pública y el buen gobierno.

También forman parte del libro los textos normativos que afectan a la institución: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los llamados Principios de París, el artículo 54 y el 162.1 de la Constitución española, la Ley Orgánica y el Reglamento de organización y funcionamiento
del Defensor del Pueblo.